Podemos y su incapacidad para pactar

La izquierda a la izquierda del PSOE vuelve a enfrentarse a su contradicción más difícil de explicar: reclama fuerza para transformar el país mientras no consigue acordar cómo presentarse ante sus votantes. En ese desencuentro, Podemos tiene una responsabilidad política que no puede diluirse en una apelación genérica a las diferencias entre partidos.

Hay una decisión concreta que sostiene esa crítica. Podemos rechazó integrarse en el Frente Amplio, formado por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, e invitó a sus integrantes a sumarse al acuerdo que había alcanzado con Gabriel Rufián. Es decir, rechazó el marco de unidad existente y propuso otro articulado alrededor de su propia apuesta.

Podemos tiene derecho a defender su proyecto, sus candidatos y sus diferencias con Sumar. Pero ese derecho no lo exime de responder por las consecuencias de sus decisiones. Cuando una organización pide generosidad a las demás, debe demostrar también qué está dispuesta a ceder.

Su posterior oferta a Izquierda Unida para pactar en diez comunidades, dejando fuera Madrid y Barcelona, ilustra el problema. La propuesta contemplaba acuerdos con una parte del bloque, mientras IU mantenía su compromiso con el conjunto del Frente Amplio. Maíllo rechazó negociar fuera de ese espacio. El desacuerdo, por tanto, iba más allá de repartir puestos: afectaba a quiénes podían participar en la alianza y bajo qué marco.

Desde una perspectiva crítica, esa estrategia resulta insuficiente. La unidad pierde credibilidad si se ofrece únicamente en los territorios y con los interlocutores que cada partido considera convenientes. Una candidatura compartida exige reconocer como socios a fuerzas con las que existen discrepancias, incluso agravios. Si todos llegan a la mesa exigiendo que los demás abandonen primero su espacio, la negociación se convierte en una disputa por la primacía.

 Además, los acuerdos territoriales alcanzados demuestran que la negociación no ha sido imposible en todas partes. Pero esos matices no borran la decisión de rechazar la integración en el Frente Amplio ni convierten una oferta parcial en una propuesta de unidad general.

El coste político de esta conducta es la distancia que abre con quienes esperan una alternativa capaz de cooperar. Para ese electorado, la cuestión no se resuelve explicando qué dirección acumuló más agravios o quién lanzó la última oferta. La pregunta es qué prioridades justifican mantener candidaturas enfrentadas cuando se comparte una parte sustancial del diagnóstico social.

Podemos puede defender que concurrir por separado es la mejor opción. Lo que resulta difícil de sostener es presentar esa decisión como una consecuencia inevitable de la falta de voluntad ajena. La negativa a entrar en una alianza también es una elección propia.

Ahí reside su responsabilidad en el fracaso de un pacto general: haber exigido una reorganización del espacio sin aceptar incorporarse al que otros ya habían acordado. La autonomía partidista es legítima. Convertirla en prioridad tiene un precio político, y Podemos debe asumirlo ante sus votantes.